Industria cultural y Gobierno pisan el acelerador contra la ‘piratería’ en Internet


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Frente a la “decepción” de la industria cultural por los resultados de las últimas medidas contra las descargas no autorizadas en Internet durante el último año, el Gobierno prepara nuevas reformas normativas encaminadas a luchar contra la ‘piratería online’.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura confirman que efectivamente se está trabajando en una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) -anunciada ya por el propio secretario de Estado de Cultura el pasado año- que, si bien no se proporcionan plazos, será presentada “en breve”.

De momento, el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, se ha reunido con las ocho entidades españolas de derechos de autor para abordar esta reforma, según el diario ABC, que asegura que en esta reforma estarán implicados también los ministerios de Industria y Justicia.

El contenido de esta reforma de momento no es público. Según una supuesta filtración reciente que no ha sido confirmada de forma oficial, parte de la reforma estaría encaminada a modificar el Código Penal para poder convertir en un hecho delictivo la recopilación de enlaces a descargas no autorizadas, precisamente el hecho contra lo que pretende luchar la llamada ‘Ley Sinde’ (aunque por la vía administrativa).

Esta misma semana, desde la Secretaría de Estado de Cultura, la directora general del libro e industrias culturales, Teresa Lizaranzu (que ejerce además como presidenta de la Sección Segunda de la CPI) anunciaba nuevas modificaciones legales para reforzar el funcionamiento de la Sección Segunda de la CPI, la llamada ‘Comisión Sinde’, que es el órgano administrativo encargado de la notificación y de ordenar la retirada de contenidos que vulneran la propiedad intelectual en Internet. Esto sucede cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Sinde’.

Entre otras medidas, se va a permitir que se realicen solicitudes colectivas y sobre catálogo, en lugar de la obligación de tener que realizar una solicitud a la CPI por cada obra afectada por ‘piratería’, para agilizar el proceso.

Además, se darán pasos para hacer más eficaces la notificación a sitios web con sede fuera de España, con la ayuda de Bruselas y de las relaciones bilaterales entre países. Por ejemplo, se va a crear un tablón electrónico para colgar las notificaciones a las páginas web supuestamente infractoras y que no se encuentran domiciliadas en España.

Fuentes de Cultura destacan que las actuaciones van más allá de las medidas coercitivas. Así, destacan la labor de concienciación social -para lo que consideran crucial el papel de la propia industria- y el apoyo institucional a la industria ‘legal’ de contenidos, traducido en una inversión el pasado año de 5,6 millones de euros y la presencia de los responsables políticos en actos para dar mayor visibilidad a la oferta cultural, como sucedió en la reciente presentación de la plataforma ‘Yo soy de cine’ o el apoyo a plataformas como Filmotech o Filmin.
Reproches y ‘decepción’ de la industria

Todo ello, a pesar de los reproches del sector, que acusa al Ejecutivo de no haber lanzado un “mensaje claro” ni haber puesto “medidas que pongan freno” a este fenómeno, afirmaba esta semana la presidenta de La Coalición de Creadores e Industrias Culturales, Carlota Navarrete, durante la presentación del informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2012.

La industria se muestra “decepcionada” por las cifras un año después de la entraba en vigor de la llamada ‘Ley Sinde’: en 12 meses se presentaron 363 solicitudes que denuncian el uso de obras en la Red sin permiso, de las que 248 fueron archivadas por defecto de forma, se han iniciado 30 procedimientos. En 19 de ellos ha habido una retirada voluntaria de contenidos, mientras que 15 sitios de enlaces han cesado en su actividad tras haber recibido una comunicación de la Comisión, o han retirado -total o parcialmente- los contenidos denunciados.

De momento, el sector cultural ha aportado nuevas cifras sobre la mesa para justificar su exigencia de más medidas en contra de esos comportamientos en Internet, y aumenta la presión al recomendar al Gobierno de EEUU que incluya nuevamente a España en su lista de vigilancia de países más ‘piratas’.
Aumento de notificaciones

Mientras, las entidades que representan a la industria de contenidos han seguido notificando posibles infracciones a la CPI. Según varias fuentes jurídicas, se ha detectado un incremento en la actividad de la ‘Comisión Sinde’.

Desde el pasado día 21 de febrero han llegado varias notificaciones a responsables de sitios web de enlaces, algunos de los cuales habían sido denunciados previamente y cuyos casos han resultado desestimados en los tribunales. Desde BufetAlmeida confirman dicho incremento de actividad. Por su parte, el abogado David Bravo -especializado en casos relacionados con Internet- ha comentado al Navegante que sólo esta semana ha tramitado alegaciones en cuatro casos.

Desde Cultura responden que lo que está sucediendo es que las notificaciones cada vez son más rápidas porque, después de un año de funcionamiento de la ‘Comisión Sinde’, las partes están más familiarizadas con el proceso y ello se traduce en una mayor agilidad

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